Arbitrariedad

Estándar
05/Diciembre/2013
 
 
La  tarde de ayer  se “disolvió” a Fundación Pachamama, organización de la sociedad civil que defiende la conservación del medio ambiente y que ha sido una de más activas en la defensa del Yasuní.

 

Integrantes de la organización, además, protestaron la semana pasada en contra de la concesión de nuevos bloques petroleros como parte de la Undécima  Ronda Petrolera. Allí, al parecer, se lanzaron consignas y, al parecer, lanzas, en contra del embajador de Chile, Juan Pablo Lira y a un empresario bielorruso. En realidad, la decisión sobre el cierre de la Fundación Pachamama se anunció el mismo sábado, durante el enlace presidencial. Al tiempo, que se iban exhibiendo los rostros de los activistas implicados en la protesta,  el presidente de la República señaló  que seguramente se iba a protestar y citar la libertad de asociación, el momento en que se cierre a Pachamama, por hacer política.


El operativo de cierre fue coordinado desde el Ministerio del Interior y fue anunciado de forma oficial: “La Intendencia General de Policía de Pichincha, por resolución del Ministerio de Ambiente, cumplió este miércoles con la imposición de sellos de disolución de la organización no gubernamental Pachamama. El motivo para dicha decisión tomada por el Ministerio del Ambiente es la desviación de los fines y objetivos estatutarios; y, por injerencia en políticas públicas atentando contra la seguridad interna del Estado y afectando la paz pública, según lo determina el Reglamento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales, artículo 26, numerales 2 y 7.”


En la resolución del Ministerio del Ambiente, además, se cita a la Fundación Hormiguitas, que está situada en la ciudad del Puyo. Seguramente, cuando salga este artículo, esta organización también habrá sido cerrada.


Este gravísimo hecho, refleja con nitidez la arbitrariedad con la se administra actualmente el Ecuador y la indefensión que tenemos quienes hacemos escuchar voces críticas contra políticas de Gobierno. Sencillamente, el presidente de la República decide ante sí, en el show de los sábados, pocos después actúan las autoridades.


Como el Decreto 16, establece un marco legal absolutamente abierto a la interpretación de las autoridades, simplemente se cita esto de la “injerencia en políticas públicas atentando contra la seguridad interna del Estado y afectando la paz pública” para que los funcionarios pueden actuar sin ningún proceso previo, ni las organizaciones tengan la más mínima oportunidad de defenderse. Se ordena el cierre y se cierra, aunque ello al final del día viole garantías establecidas en la misma Constitución para los ciudadanos que nos queremos agrupar, incluso para ser críticos con el poder.


¿Esto significa avalar algún acto de violencia? Para nada. Pero en una democracia o en un estado de derecho, un juez debe ser el que establezca responsabilidades y sanciones. No puede ser que los derechos fundamentales estén sujetos a las veleidades del público que asiste al show presidencial de los sábados.
 

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